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Tener una mascota es una gran responsabilidad. Implica una serie de obligaciones para el cuidador, ya no solo en temas de atención, sino también conforme a la convivencia ciudadana. Pasear al perro por las calles de Cádiz se ha convertido en toda una hazaña para sus dueños en los últimos tiempos. Según la ordenanza municipal de tenencia de animales, los canes deben ir siempre atados, independientemente de que supongan una amenaza o no para el ciudadano.

Una normativa que de no ser cumplida acarrea una multa que puede llegar hasta los 500 euros, una cifra que oscila dependiendo de las circunstancias que rodean la desobediencia: si se es reincidente, el lugar donde el animal deambula libremente, etc...

El Ayuntamiento cataloga estas faltas en leve, grave y muy grave, siendo estas últimas las que ascenderían al coste máximo.

No obstante, si se trata de una raza catalogada como peligrosa, la imposición de la sanción corresponde a la Junta de Andalucía.

En el ámbito local, el ente encargado de vigilar que esta ley se cumpla es la Unidad de Protección Medioambiental de la Policía Local, un organismo que tiene entre sus competencias el control de los canes en la ciudad.

En el mes de septiembre, esta unidad especial de la policía identificó a 41 animales, interpuso 12 denuncias a propietarios por tener a los canes sueltos y 10 por falta del chip identificativo.

Ante esta situación, la opinión ciudadana es tan variada como las razas que conforman la especie canina. Mientras algunos dueños elogian la medida municipal y aprueban el precio de las sanciones, otros aseguran sentirse como «delincuentes».

«Yo tengo perro y me parece que es una medida perfecta. Muchas veces vas por la calle tranquila con tu mascota y te sientes amenaza por otro animal que va sin ningún control. Es una cuestión de seguridad, ya no solo para las personas, sino también para los propios animales», afirma Mª Paz López, una de los ciudadanas que cumple a raja tabla con la norma.

Por otro lado, Nieves Orellana, presidenta de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Cádiz, expone que desde la organización «no dejamos de entender que hay que adaptarse a unos reglamentos para que la convivencia entre las personas y los animales sea cívica, pero deben cumplirse todos. La ley también exige a los ayuntamientos que faciliten espacios de esparcimiento para lo animales y aquí en Cádiz esa zona es inexistente». Orellana defiende que es la propia naturaleza de los animales la que determina la necesidad de que hagan ejercicio. «Hoy en día, los dueños de los canes se sienten perseguidos y salen a la calle como si estuvieran cometiendo un delito», alega la presidenta de la entidad.

Una indignación que también cuenta con apoyo entre algunos propietarios, quienes además aseguran que existe una gran falta de concienciación pública con respecto a este tema.

«Cuando saco a mi perro me siento como si estuviera haciendo algo ilegal y yo cumplo con toda la normativa. Creo que es necesario reclamar que instalen zonas habilitadas para que los animales puedan estar sueltos. Yo tengo un cachorro de diez meses que necesita correr y jugar porque sino se pone muy nervioso. Es una cuestión vital para ellos», explica Paola García.

En definitiva, un asunto de pulgas que ha levantado la polémica entre propietarios, administración y expertos, sectores que parecen no llegar a un consenso sobre cómo alcanzar una solución acertada para todos sin que la seguridad vial se vea afectada.